Por Carlos Camacho
Esa amalgama entre la corrupción y la impunidad es la que ha permitido a muchos políticos enriquecerse a costa de los recursos del pueblo sin que les pase nada y ese es el riesgo que se corre de que los acusados por dañar el erario público en el gobierno anterior, a pesar de los señalamientos en su contra, queden impunes o con sanciones mínimas.
Ayer, el gobernador Julio Menchaca Salazar, le entró al tema y habló respecto de personajes investigados por el desvío de recursos públicos que superan los dos mil millones de pesos, aunque fue cuidadoso de vincular a su antecesor, Omar Fayad Meneses, al aclarar que continúan las investigaciones tanto de la Contraloría del Estado, de la Auditoría Superior del Estado y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), que en voz de su encargado del despacho, Santiago Nieto Castillo, ha dicho que hasta ahora no hay datos que vinculen al priista en presuntos actos de corrupción dura ten su mandato.
Ayer mismo, se informó de otro “hoyo” en las arcas de dos municipios, cuyos nombres no dio el contralor estatal, Álvaro Bardales Ramírez, aunque dijo que en un caso se desviaron 50 millones de pesos y en otro 30 millones.
La Contraloría, investiga el destino de 500 millones de pesos en diversos municipios, de los que 522 millones corresponden al ejercicio fiscal 2021 y el resto al siguiente año; además de 600 millones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que incluyen los 144 millones pagados a una firma Jalisciense y por lo que ha sido detenido el ex subsecretario de Finanzas, Pablo Moreno Calva.
En todos los casos se ha hablado de una lucha frontal contra la corrupción y por la observancia del buen manejo de los recursos públicos, para que se ejerzan con transparencia y se apliquen en las acciones establecidas y programadas por el gobierno estatal.
Pero, en ningún momento se ha dicho respecto de una estrategia que ayude a romper con esa simbiosis corrupción-impunidad, lo que ayudaría en mucho a frenar el saqueo a las arcas públicas y acabar con los malos servidores públicos, esos que llegan a la dependencia no para servir, sino para ver dónde está la ruta del dinero que hay que robar.
Indudablemente que las acciones del gobierno morenista son positivas, pues van encaminadas a sancionar a quienes traicionaron la confianza no sólo de sus jefes, sino de los ciudadanos que en algún momento depositaron su voto de confianza en ellos, en el entendido de que trabajarían para reducir los niveles de pobreza de miles de hidalguense.
No fue así y ahora vemos que varios ex funcionarios andan a salto de mata, otros están encarcelados enfrentando sus respectivos procesos, pero todo eso no acabará mientras no se de una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad, uno de los principales males de nuestro país.
