Por Carlos Camacho
¿Es posible que Omar Fayad Meneses desconociera lo referente a la “Estafa Siniestra”, a las irregularidades en diversas áreas de su gobierno?
Por lo pronto, el encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Santiago Nieto Castillo, ha sostenido que no hay indicios que lo involucren en todo este entramado que se ha ido revelando a medida que avanza el gobierno de Julio Menchaca Salazar.
Se habla de más de dos mil millones de pesos, de los cuales apenas sí se han recuperado unos 200 millones, gracias a los alcaldes descubiertos, quienes para evitar la cárcel o que su castigo sea mínimo, han decidido regresar el dinero que se les había dado y que presumiblemente se destinarían a la campaña política del año pasado, siempre y cuando el candidato a gobernador hubiera sido el alcalde de Mineral de la Reforma, Israel Félix Soto.
Es difícil creer que el titular del ejecutivo estatal desconociera lo que ocurría en las secretarías de Salud, Finanzas, Contraloría, de Despacho, de Educación, en la Oficialía Mayor, si nos basamos en la idea generalizada de que el gobernador en turno cuenta con una amplia red de información que le permite saber lo que hace cada uno de sus principales colaboradores, especialmente cuando de dinero se trata.
Apenas durante el proceso entrega-recepción y días antes de que asumiera el cargo de gobernador Julio Menchaca Salazar, se conoció respecto de una operación irregular en la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), que costaría alrededor de 400 millones de pesos a las finanzas de esa institución, a la que siempre le corresponde casi el 50 % del presupuesto anual que maneja el poder ejecutivo.
Primero se dijo que se trataba de una empresa con sede en el estado de Jalisco, a la que se le había contratado para realizar un diagnóstico respecto del impacto que tuvo la pandemia en el sector educativo, incluidos maestros, trabajadores administrativos y estudiantes.
Ah, pero, el trabajo de campo lo harían alumnos de las escuelas de educación superior y no personal de la empresa contratada para ese propósito, por lo que se suspendió el trabajo, cuando ya se habían pagado alrededor de 150 millones de pesos.
En Salud, se supo del desvío de recursos destinados precisamente para atender a pacientes afectados por el Covi-19; en Finanzas se usaron recursos destinados a atender comunidades marginadas, por un monto de 800 millones de pesos, que se “invirtieron” en banco Accendo, hoy declarado en quiebra.
La alcaldesa de Actopan, Tatiana Angeles Moreno, fue la más precisa al detallar la forma en que se involucraba a los alcaldes en la “Estafa Siniestra” y contó que a ella se le “invitó” a recibir dinero siempre y cuando regresara el 70 % de lo pactado y el resto lo utilizara para obras en su municipio.
Si accedía, al día siguiente podría recibir otra importante cantidad, con la misma mecánica. Ella rechazó la propuesta, pero otros alcaldes, incluso, se conformaron con el 10 % y regresar el resto que, luego se sabría, sería usado para financiar una campaña electoral.
Todo esto y más ha ido saliendo a la luz pública y hay personajes señalados, pero las sospechas no alcanzan al ex gobernador Omar Fayad Meneses, de acuerdo con lo declarado por Santiago Nieto Castillo.
