Por Rogelio Hernández López
Seguramente cientos de propietarios de medios de comunicación y colegas en pequeños medios de prensa sonrieron ampliamente el miércoles 22 de marzo al enterarse que Morena, el partido del presidente de la República en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión decidió dar un paso atrás en su decisión de restringir al 0.1 por ciento de su presupuesto el gasto publicitario de estados y municipios.
Desde 2019 la mayoría de los medios, especialmente los de estados, sufrieron disminuciones drásticas de la inversión en publicidad del gobierno federal. Era el cliente más importante del sistema de comunicación social dominado por los medios comerciales.
De acuerdo con datos ofrecidos en la Cámara de Diputados mientras el gasto federal en publicidad se fue reduciendo muy drásticamente, desde los 8 mil millones que gastó en 2018 el gobierno de Enrique Peña Nieto hasta al promedio anual de 1 mil 700 millones de pesos desde 2019 a 2022.
Por eso, durante estos cuatro años, una proporción importante de las empresas de medios pudieron sortear parcialmente esa caída de sus ingresos mediante contratos con gobiernos estatales, municipales y con entidades autónomas como las universidades. Se calcula que todo el gasto en publicidad de gobiernos estatales y municipales siguió casi en las mismas proporciones que en 2018, aproximadamente en 8 mil 40 millones de pesos, casi lo mismo que gastó ese año Peña Nieto.
Los estados y municipios además de algunas universidades, aparte de algunas empresas privadas sí fueron una balsa para empresas de comunicación y de prensa que vivían de la publicidad gubernamental o bien lucraban ampliamente.
Pero entonces, a fines de 2022, llegó el intento federal de poner un tope muy bajo a ese gasto en los estados y se atizaron las alarmas. Era la amenaza de padecer mayor precariedad y hasta el quiebre de empresas.
El viraje táctico de Morena
El martes 27 de diciembre de 2022 el Diario Oficial de la Federación publicó la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidad Administrativa, reformadas por Morena y sus aliados en las dos cámaras del Congreso de la Unión. Estas leyes forman parte del denominado plan B de la reforma electoral.
En los dos párrafos finales del inciso VII del Artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social se asentaba:
“El límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, en su conjunto, no debe rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente.
“En las Entidades Federativas, el límite de gasto que se haga en Comunicación Social a que refiere este artículo deberá estar homologado con lo dispuesto en el párrafo anterior.”
Casi de inmediato reaccionaron varias organizaciones activas por la libertad de expresión. El PAN y el PRI promovieron que sus asociaciones de alcaldes y congresos que influyen a que se ampararan contra esa restricción presupuestal; luego empujaron a sus legisladores que iniciaran procedimientos en la Corte para controvertir constitucionalmente esta ley.
Esas y otras acciones opositoras fueron difundidas amplia y persistentemente por medios de comunicación de todo el país, especialmente por los que han sido afectados por los recortes magnos que el gobierno federal ha hecho de su gasto publicitario.
El ambiente político se hizo más intenso conforme pasaban las semanas y las expresiones de inconformidad. En la Suprema Corte de Justicia se anunciaba que antes de abril decidiría sobre las peticiones de inconstitucionalidad y que defendería la autonomía de Estados y Municipios.
En ese contexto, para mucha gente fue sorpresivo que Morena en la Cámara de Diputados propusiera una reforma a la Ley de Comunicación Social. Y el miércoles 22 de marzo, en sesión plenaria y sin discusión todas las bancadas aprobaron con 470 votos las modificaciones que propuso el partido gobernante.
Se eliminó el último párrafo del artículo 26 que amagaba con extender a todo el país el drástico recorte del gasto en publicidad en medios comerciales:
“En las Entidades Federativas, el límite de gasto que se haga en Comunicación Social a que refiere este artículo deberá estar homologado con lo dispuesto en el párrafo anterior (atender el tope de 0.1 por ciento del presupuesto anual de los gobierno locales).”
Más aún, en la misma plenaria Morena (diputado Mario Llergo) logró que se adicionara una precisión como párrafo final:
“Las Entidades Federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, determinarán su propio límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, considerando los principios de Austeridad Republicana, Economía y racionalidad presupuestaria.”
Buena nueva
Aunque todavía falta que el Senado apruebe esa reforma, cundió la buena noticia en muchos medios de comunicación y de prensa porque todos los partidos difuminaron la nube negra de su horizonte que les amenazaba.
Ahora los gobiernos locales serán libres de contratar publicidad con los medios y por las cantidades que decidan ellos mismos. Se estima que el monto de todo lo que gasten gobiernos estatales y municipales en 2023 será cercano a los 6 mil millones de pesos.
Mejor aún, para los cálculos se sabe que a pesar de que todo el gobierno federal se autoimpuso el tope de 0.1 por ciento de su presupuesto anual para gasto publicitario en medios comerciales, ese porcentaje superara los 8 mil millones de pesos solo en este año, casi lo mismo que erogó Peña Nieto en su último año.
Pero
Gobernadores, alcaldes y otros servidores públicos de la oposición y varios de los 21 gobiernos que tiene Morena y sus aliados saben bien que la restricción a sus recursos para publicidad significaba reducirles demasiado sus capacidades políticas de buena relación con medios de comunicación, de la prensa en general, con periodistas y por supuesto con amplios sectores de población. Se les acotaba la gobernabilidad.
En los días que vienen habrá otras reacciones formales a esta reforma. La Suprema Corte tendrá un elemento menos para declarar la inconstitucionalidad de la Ley General de Comunicación social; los partidos opositores afirmarán que Morena fue derrotado: las organizaciones internacionales y nacionales activas por la libertad de expresión insistirán en que la ley se derogue y se haga otra que garantice transparencia en ese gasto, que no se use para beneficiar a los medios aliados; algunos organismos de periodistas pedirán que el gasto sea más equitativo con los medios pequeños.
Por lo pronto, las sonrisas que provocó en muchos medios esta reforma se ampliarán en la medida en que se corrobore que, gracias al viraje táctico de Morena, se recuperara mucho el sistema comercial de la información de interés público.
Seguirá predominando ese modelo que mercantiliza la información para beneficio de los corporativos de radio, televisión y prensa escrita y para los medios afines al gobierno en turno. A pesar de las mañaneras que incomodan a muchos, en el fondo ha cambiado muy poco la estructura del modelo de conveniencias mutuas de la relación prensa-Estado. Mirada de reportero.
